Ante la secretaría general del Senado de la República fue radicado un proyecto de ley que promueve como pena sustitutiva de la prisión, el trabajo en beneficio de la comunidad.

Cobijará solo a aquellas personas que hayan cometido delitos menores, es decir, que no superen los ocho años de condena.

El proyecto contempla igualmente la financiación de programas de pedagogía a jueces y funcionarios judiciales, medidas efectivas de seguimiento y monitoreo, así como también la posibilidad de firmar convenios entre entidades del orden nacional, territorial, organizaciones sin ánimo de lucro y personas jurídicas de naturaleza privada.

El senador Guido Echeverri Piedrahita, del partido político En Marcha, ponente del proyecto, explicó que esta iniciativa es producto del Observatorio de Derechos Humanos del Sistema Carcelario que, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue instalado en diciembre de 2022. 

Argumentó que, de aprobarse la propuesta, no solo se fomenta la responsabilidad, los condenados asumen el compromiso de reparar el daño causado, obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus acciones, sino que también promueve la reintegración social al interactuar como miembros de la comunidad y lograr objetivos comunes.

El senador caldense afirmó también que se pretende humanizar el sistema carcelario y reducir las alarmantes cifras de hacinamiento.

“Todas las precariedades que viven los presos en Colombia impiden las funciones de resocialización y prevención especial de las penas. Así, mientras en el año 2008 había 69.979 personas en establecimientos supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para diciembre de 2018 eran 119.172 personas”, señaló.